El gobernador civil de Barahona Ing. Pedro peña rubio y el
ingeniero agrónomo y abogado Luciano Alcántara Gómez son como Pitcher y Cacher
de la política nacional, uno pide la seña y el otro lanza la bola y poncha al
pateado, este par de funcionarios, bajo las sabias orientaciones del Moisés
modernos, ingeniero Rhadames segura, le están sirviendo al partido para servir
al pueblo como la doctrina del viejo maestro Profesor Juan Bosch, estos dos
funcionarios, el gobernador y su asistente Luciano alcántara Gómez han adecentado
a ciertos barrios de Barahona que vivían de manera promiscua y lo han llevado
de casuchas que parecían cualquier cosa que usted pueda imaginarse menos una
vivienda para seres humanos y pasaron
partidos y gobiernos y ninguno lo tomaron en cuenta ni siquiera el que
autodenominaban el más grande constructor, el señor de la máximo Gómez 25 ese
lo que hizo fue que los maltrato a bombazo limpios, y expediente fabricado en
los tribunales de la época, todavía hay madres y esposas con luto del recuerdo
de esa represión de ese ceudo constructor.
Sin embargo estos dos profesionales de la ingeniería y del
derecho han dedicado su tiempo para cambiarle la vida a los más desposeídos por
ejemplo, donde están los habitantes de los barrancones de jabid, y los del
teatro baoruco, confortables y cómodos apartamentos, ¿Dónde están los damnificados
del ciclón David? En confortables y cómodos
apartamentos también.
Todo eso a la gestión del gobernador civil de Barahona y Luciano
alcántara Gómez (Coradín), hay que tener memoria, agradezcan a las cosas
buenas, no recuerden las malas nada más.
La visita de Estado a Reino Unido propuesta por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a finales de este año ha provocado la ira entre muchos británicos.
Después de que Trump prohibió la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y suspendió un programa de refugiados, más de 1,7 millones de personas han firmado una petición pidiendo que la visita sea cancelada.
"Donald Trump debe tener autorización de entrar a Reino Unido en su calidad de jefe del gobierno de Estados Unidos, pero no debe ser invitado a hacer una visita de Estado oficial porque causaría vergüenza a su majestad la Reina", dice la propuesta colocada en la web del gobierno británico.
El Parlamento británico ya aceptó debatir esta petición el 20 de febrero.
Pero, ¿qué implica que haya una visita de Estado del jefe de un gobierno extranjero a Reino Unido?
La reina es la anfitriona
Una visita de Estado es una visita oficial de un jefe de Estado de un país extranjero por invitación de su homólogo del país de destino, quien actúa como el anfitrión oficial mientras.
En Reino Unido, la jefa de Estado es el titular de la corona, en esta caso la reina Isabel II, no el primer ministro en turno, actualmente Theresa May.
Se trata de un acontecimiento de gran importancia cuyo objetivo es fortalecer las relaciones entre los países y que se da con un protocolo de ceremonias bien establecido.
Derechos de autor de la imagenPAImage captionUn mandatario extranjero puede visitar Reino Unido sin hacer una visita de Estado. En ese caso, la reina es la anfitriona de su estadía.
Además del diálogo y la concertación de acuerdos, hay banquetes de bienvenida donde la Reina pronuncia un discurso de bienvenida y hace un brindis.
Hay un paseo en carruaje con la monarca y el jefe de Estado extranjero por calles de Londres e intercambio de obsequios, entre otras actividades de cortesía.
En Reino Unido, el programa de visitas oficiales de extranjeros para todos los miembros de la familia real se determina en coordinación con el ministerio de Relaciones Exteriores, y es aprobado por el Comité de Visitas Reales.
Pero una visita de Estado no es un evento muy frecuente, como en otros países.
La Reina recibe generalmente a uno o dos mandatarios extranjeros al año. Isabel II ha tenido 109 visitas de Estado desde que se convirtió monarca en 1952.
El sitio web oficial de la reina y la familia real tiene una lista completa de todas las visitas de Estado desde entonces.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLondres ha tenido manifestaciones de rechazo a la nueva política de EE.UU. que veta la entrada de ciudadanos de siete países musulmanes.
Controversiales
Hasta ahora no hay una fecha determinada para la visita de Trump, la cual fue anunciada durante la visita de la primera ministra británica Theresa May a EE.UU. la semana pasada.
Cuando se le preguntó por qué Trump fue invitado a tan poco tiempo de asumir el cargo, el portavoz de May dijo: "No hay un tiempo establecido para que un presidente esté en el cargo antes de que reciba o no reciba una invitación para una visita de Estado".
Los seguidores de Donald Trump que apoya el veto a los inmigrantes
Pero el descontento público en torno a los huéspedes polémicos no es nada nuevo para los británicos.
Las protestas recientes se han centrado en los jefes de estado de países conocidos por su mal historial con los derechos humanos, tales como China y Arabia Saudita, o las decisiones polémicas de sus gobernantes.
A pesar de las protestas, esas visitas siguieron adelante.
George W. Bush, presidente de EE.UU.
Derechos de autor de la imagenPA
Noviembre de 2003.
La invasión de Estados Unidos a Irak fue una medida impopular entre muchos británicos.
Unos 100.000 manifestantes protestaron en la plaza de Trafalgar de Londres, donde fue derribada una efigie de Bush que hacía eco de la escena de la caída de una estatua del exlíder iraquí Saddam Hussein en Bagdad.
Hirohito, emperador de Japón
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionReino Unido y Japón estuvieron en guerra durante la Segunda Guerra Mundial.
Octubre de 1971.
Hirohito era el emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.
Los veteranos y exprisioneros de guerra expresaron su enojo por el brutal pasado militar de Japón, por lo que protestaron en silencio mientras el carruaje con el emperador pasaba por delante.
Algunos llevaban guantes de color rojo en recuerdo de las muertes en la guerra, mientras que otros silbaron la popular marcha de la Segunda Guerra Mundial llamada "Colonel Bogey".
Xi Jinping, presidente de China
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLos críticos del gobierno chino han denunciado violaciones a los derechos humanos de los chinos y la falta de libertades en el país asiático.
Octubre de 2015.
El historial de derechos humanos del país y el dominio chino sobre el Tíbet fueron causa de controversia.
Los activistas criticaron los ataques a activistas chinos y sus familiares, como acoso, encarcelamiento y tortura, por parte del gobierno de Xi.
Grupos de derechos humanos también denunciaron la persecución religiosas, la discriminación contra las minorías étnicas, torturas, fuertes restricciones a los medios de comunicación y el acceso limitado a la televisión y las publicaciones extranjeras, así como la aplicación de la pena de muerte.
Abdullah, rey de Arabia Saudita
Derechos de autor de la imagenPAImage caption"¡Qué vergüenza!", gritaron manifestantes cuando el rey de Arabia Saudita Abdullah recorría las calles de Londres con la reina Isabel II.
Octubre de 2007.
El historial de derechos humanos del país también fue objeto de críticas.
Los manifestantes exigieron la reapertura de una investigación de corrupción por un acuerdo de armas. "¡Qué vergüenza!", gritaban los manifestantes cuando la procesión real pasaba por The Mall en el centro de Londres.
Treinta soldados, policías y civiles entraron a la fuerza a la casa de Ana Mirian Romero. Era la madrugada del 22 de octubre de 2015.
Según denunció esta activista que se opone a un proyecto hidroeléctrico en tierras indígenas, los hombres "me torturaron a mí y a mi esposo y saquearon la casa". Tenía 5 meses de embarazo.
Ana Mirian pasó 11 días hospitalizada. Su cuñada Rosaura perdió su bebé en el ataque.
El caso de Romero, de 29 años, es uno de los tantos que se dan en Honduras, el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, y aparece en un informe que Global Witness publica este martes.
Esta organización no gubernamental asegura que detrás de la ola de violencia que ha dejado 123 activistas asesinados desde 2010 (90% de los ataques quedan sin resolverse) se encuentra parte del poder político y empresarial hondureño.
"No es fácil parar esto. Hay que trabajar mucho, cuidarnos y seguir en la lucha, denunciar lo que está mal, agarrarse de la fe que tenemos", le dice Romero a BBC Mundo.
Las agresiones contra la ganadora el año pasado del premio "Front Line Defenders", a defensores de los derechos humanos cuyas vidas corren peligro, comenzaron en 2010.
"Hemos sido muy perseguidos y amenazados de que nos van a matar, un montón de cosas que nos dicen", explica.
Pese a la situación dramática a la que se exponen los defensores del medio ambiente en el país, para Romero —a quien tras el ataque de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección— la situación ha mejorado.
"Ahora vemos que tenemos bastante apoyo", agrega, "estamos más con valorcito para denunciar. Antes era más peligrosos, nosotros no podíamos ni hablar en contra".
El proyecto al que se opone Romero se le conoce como Los Encinos y, según Global Witness, está administrado por Arnold Castro, marido de Gladys López, legisladora, vicepresidenta del Congreso y presidenta del gobernante Partido Nacional.
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionGladys López, legisladora, vicepresidenta del Congreso y presidenta del oficialista Partido Nacional, es cuestionada en el informe.
La ONG asegura que tres activistas indígenas que se oponían al proyecto murieron y que sus cuerpos fueron encontrados con indicios de tortura y descuartizados.
"Por ignorancia están deteniendo el futuro del país", aseguró Gladys López. en 2015 tras las acusaciones de indígenas que aseguraban que buscaba "privatizar" el río Chinacla. Y agregó: "Cuando yo no se algo, yo pregunto. Ellos están molestos porque no se les da dinero y ni se les va dar".
"Hay otras personas ahí que están construyendo algunos proyectos, pero no soy yo", se defendió en ese entonces.
Billy Kyte, jefe de campañas de Global Witness, pide una investigación sobre la congresista y su marido al recordar que la ley hondureña impide que los miembros del Congreso o sus cónyuges obtengan contratos o concesiones del Estado.
"Estamos viendo que las elites políticas y empresariales hondureñas están haciendo actos corruptos y delictivos para imponer proyectos económicos sin respetar la consulta de las comunidades afectadas", le dice a BBC Mundo.
"Nuestra investigación demuestra que políticos y empresarios en Honduras están vinculados con una ola de violencia contra gente común que defiende sus casas y sus tierras de la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y de agroindustrias", añade.
Global Witness estuvo realizando su estudio durante dos años en base a documentos oficiales, testimonios de los afectados y otras fuentes.
Derechos de autor de la imagenGILES CLARKEImage captionEl río Gualcarque es sagrado para las comunidades indígenas y es el lugar del controvertido proyecto Agua Zarca.
Sobre el caso de la diputada, Kyte dice que una vez contactada no negó "el vínculo entre ellos y los proyectos, lo que sí niegan es cualquier vínculo con la violencia".
BBC Mundo contactó al Partido Nacional para obtener un comentario sobre las acusaciones pero no obtuvo una respuesta.
El caso Berta Cáceres
Otro de los casos que investigó la organización es el de la reconocida activista Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, quien hacía campaña contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.
Siete hombres han sido acusados de su asesinato, dos de ellos tienen relación con la empresa propietaria del proyecto (Desarrollos Energéticos, DESA) -uno fue si gerente de temas sociales y medioambientales- y cuatro están vinculados con el ejército hondureño.
Derechos de autor de la imagenAFPImage captionOtro de los casos que investigó la organización es el de la reconocida activista Berta Cáceres, asesinada en marzo pasado, quien hacía campaña contra la construcción de una presa hidroeléctrica.
La firma ha negado en diversas ocasiones cualquier participación en el asesinato de Cáceres.
Global Witness considera en su informe que "quienes encargaron el asesinato de Berta Cáceres se encuentran en un escalafón superior al de las personas que están detenidas actualmente".
La organización pide que se investiguen las relaciones de DESA con el ataque, cuyo presidente solía trabajar en la inteligencia militar, de acuerdo a los autores del reporte.
Después del asesinato de Cáceres, 11 miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una carta al Departamento de Estado para que ejerciera presión sobre el gobierno de Honduras para que permita una investigación internacional independiente sobre la muerte de Cáceres y financie un sistema de protección para activistas.
"De todo lo que uno se pueda imaginar"
Martín Vázquéz es uno de los líderes del Movimiento Indígena Lenca de La Paz (Milpah), una organización que lucha contra dos proyectos de hidroeléctricas supuestamente vinculados a la congresista López.
Tres de sus miembros han sido asesinados y el propio Vázquez fue atacado y amenazado en julio.
"Ahorita tenemos a un compañero que fue herido de bala en un desalojo y lo llevamos a la clínica", le dice a BBC Mundo.
"Es totalmente peligroso defender la vida y el territorio, es totalmente salvaje", agrega.
"El gobierno ha aprobado una ley para la defensa de los defensores de los derechos humanos, ha aceptado los tratados internacionales para los pueblos indígenas, y ha declarado fuera de Honduras que se preocupa por los derechos humanos cuando en realidad es falso, una demagogia, una mentira total, Honduras es un país en guerra, uno no está seguro ni en el camino por donde va a cruzar en cualquier momento.
"Hay atropellos, amenazas, intimidación, hay represión, encarcelamiento, tortura, violencia, hay de todo lo que uno se pueda imaginar", remata.
Derechos de autor de la imagenGILES CLARKEImage caption"Es totalmente peligroso defender la vida y el territorio, es totalmente salvaje", dice el activista Martín Vázquez.
BBC Mundo se comunicó con la oficina del presidente de Honduras para obtener una declaración sobre las acusaciones contra las autoridades pero no obtuvo una respuesta.
Kyte se reunió el lunes en Tegucigalpa, la capital del país, con el comisionado de Derechos Humanos y con el ministro de Defensa.
"Sus respuestas", cuenta, "han sido que están haciendo todo lo posible (...) reconocen que hay mucho que hacer en términos de protección a los defensores de derechos humanos, sí reconocen que hay problemas".
Global Witness también denuncia la "complicidad" de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, por apoyar al gobierno y no demandar más en cuestiones de derechos humanos.
Tras sólo 10 días de presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, Barack Obama rompió el silencio este lunes.
Lo hizo para pronunciarse en contra de la nueva política de Trump que veta la entrada de ciudadanos de siete países donde la fe musulmana es mayoritaria, una decisión que ha traído una oleada de críticas.
A través de un portavoz, Obama dijo que está "fundamentalmente en desacuerdo con la noción de discriminar a los individuos por su fe o religión".
Trump suspendió por 120 días el ingreso de todos losrefugiados y también durante 90 días la concesión de visados a personas con ciudadanía de Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.
La medida, interpretada por sus críticos como una prohibición de entrada a musulmanes, desató protestas en varias ciudades estadounidenses.
Ante esas manifestaciones, la oficina de Obama dijo que el expresidente se siente "alentado por el nivel de participación" que han tenido las protestas.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLa administración de Trump dice que la orden ejecutiva es para prevenir la entrada de extremistas musulmanes a su país.
"Todos los estadounidenses tienen la responsabilidad de ser los guardianes de nuestra democracia, no sólo durante las elecciones, sino todos los días", dice un comunicado publicado por el portavoz Kevin Lewis.
"Es exactamente lo que esperamos ver cuando están en juego los valores estadounidenses".
Oposición
Hasta este lunes, los secretarios de Justicia de 16 estados de los 50 que se compone EE.UU. han anunciado que desafiarán jurídicamente la orden ejecutiva de Trump, emitida el viernes, al considerarla inconstitucional.
También un grupo de diplomáticos estadounidenses está por emitir un cable en el que alertan de que las relaciones con los países musulmanes se volverán "ásperas" con esta medida, y prevén un alejamiento de los países que colaboran con EE.UU. en la lucha contra el terrorismo.
"El resultado final de esta prohibición no derivará en la disminución de los ataques terroristas en Estados Unidos, sino que será una caída en la buena voluntad internacional hacia los estadounidenses y una amenaza para nuestra economía", dice un borrador de la comunicación diplomática cuya copia tiene la BBC.
Protestas en EE.UU. contra prohibición de entrada de refugiados
Pero el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, criticó a los diplomáticos y funcionarios del servicio exterior que escribieron ese memorando.
"En un período de 24 horas, 325.000 personas de otros países volaron a través de nuestros aeropuertos y estamos hablando de 109 personas de siete países que el gobierno de Obama identificó", dijo a los periodistas.
"¿Y estos burócratas de carrera tienen un problema con esto? Creo que deberían o bien alinearse al programa o marcharse", dijo en la Casa Blanca.
