La comisión estará compuesta por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica; reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); y José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario.
Además, Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC); Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, ex administrador la CDEE y Jaime Aristy Escuder, economista.
Mediante el decreto, el Gobierno le otorga a la comisión “plena potestad para investigar a todos los funcionarios que desee investigar, así como los representantes de las firmas profesionales que asistieron a la CDEEE en el proceso de licitación y adjudicación de la obra”.
Asegura que la comisión no interferirá, ni limitará o condicionará en modo alguno las investigaciones del Ministerio Público en relación a la actuación de la empresa Odebrecht en el país.
Asimismo, establece que la comisión deberá rendir un informe al país a la mayor brevedad posible sobre los resultados de la investigación y poner a disposición del Ministerio Público cualquier información relevante que pudiese tener, que comprometa la responsabilidad de cualquier funcionario o persona particular.
“La comisión podrá contratar cualquier tipo de asistencia profesional y técnica que necesite para llevar a cabo su investigación”, dice uno de los artículos.
En ese mismo decreto, el presidente Medina ordenó a todas las instituciones del Gobierno que estén relacionadas con el proceso diseño, licitación y adjudicación de la obra ofrecer toda la información que la comisión requiera y colaborar en todo lo que le solicite.
La empresa Odebrecht era parte de un consorcio integrado por otras dos empresas, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
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