Son tantos y tan lacerantes los males que todavía padece la sociedad dominicana, que la solución que se procura para un determinado flagelo se queda a medio talle ante la urgencia de afrontar otro problema mayor, y así se vive de dar vueltas en círculo con el ímpetu del can que en vano afana por morderse la cola.
Cuando se cree que un mal ha sido resuelto, los efectos del remedio resultan peores que la enfermedad, como si se tratara de una maldición que infecta de lepra al tejido social o algo así como una caminadora eléctrica donde cada paso hacia adelante en realidad es uno hacia atrás.
Los ejemplos sobran, pero es menester resaltar el deterioro de la seguridad ciudadana, un mal de estos tiempos contra el que se han probado los más variados antídotos sin poder detener la metástasis de la delincuencia y criminalidad.
Son muchas las medicinas que alquimistas neoliberales aplican al mal del clientelismo, al que se le atribuye causa de parálisis de la anatomía económica de la nación, pero no ha sido posible prever cura contra males sociales secundarios como los que resultarían de suprimir las transferencias presupuestarias en favor de más de 800 mil familias que malviven del otro lado de la verja de la miseria.
Tampoco esos eruditos encuentran fórmulas para el 80 por ciento de los casi 600 mil empleados públicos que devengan cinco mil 117 pesos mensuales, que para colmo son tildados de botellas o de infección social, sin que cientistas sociales entiendan la catástrofe que se produciría si ,como aconsejan, esa gente es enviada a la calle.
Aquí se habla mucho de diálogo político, cuando en realidad lo que se ejerce es diálogo de sordos, porque la clase política prefiere hacer malabares para mantenerse en la cresta de la ola populista en vez de ejercer un rol de responsabilidad en la conducción de los destinos nacionales.
Los males dominicanos datan de mucho tiempo, como la crisis eléctrica, por cuyo foso se han lanzado casi 15 mil millones de dólares en el último decenio, pero cuando se propone una solución duradera, filibusteros modernos imponen la regla de los piratas del capital.
El más reciente ejemplo de lo que aquí se dice lo representa la ley que convierte Loma Miranda en parque nacional. Esa solución genera ahora una desgracia mayor, la de que el Estado sea compelido al pago de cuatro mil millones de dólares en indemnizaciones. Es la historia de dramas que se convierten en tragedias.
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