BRASILIA, (AFP) – El magnate de la carne Joesley Batista quedó detenido este lunes en Brasilia, donde la justicia decidirá si anula su confesión que derivó en una denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer y si las pruebas que aportó mantienen vigencia.
Batista arribó a la capital en un vuelo de la Policía Federal, vistiendo una camiseta blanca, jean y sin estar esposado, y fue llevado a una dependencia de esa fuerza, poco más de 24 horas después de que se entregara, anticipándose a su arresto, que ya había sido ordenado por un magistrado de la corte suprema.
La justicia sospecha que Batista y Ricardo Saud, un ejecutivo de JBS que también fue arrestado y trasferido a la capital, ocultaron información a las autoridades, lo que podría anular el pacto que les otorgó inmunidad.
Batista permanecerá detenido por cinco días, pero esa prisión temporal podría extenderse. Su abogado Antonio Carlos de Almeida -conocido como “Kakay”- dijo a la AFP que esperaba que el empresario recupere su libertad esta semana. “No vemos razones para que no sea liberado”, señaló escuetamente.
Batista fue la pieza clave de la Fiscalía para denunciar a Temer y convertirlo en el primer presidente en funciones de la historia de Brasil en ser acusado de un delito común.
Acuciado por sus propias ilegalidades, el empresario grabó clandestinamente una conversación con Temer sobre la supuesta compra del silencio de un diputado preso y sobornos a funcionarios y luego la entregó a las autoridades.
Ahora, ese acuerdo de delación premiada fue suspendido. Si bien la Cámara de Diputados bloqueó en agosto la acusación contra Temer, los opositores esperan que el fiscal general Rodrigo Janot use ese mismo audio como evidencia para otra denuncia contra el mandatario, ahora por obstrucción a la justicia.
La defensa de Temer indicó que pediría la anulación lisa y llana de las pruebas aportadas por Batista, que podrían servir para retomar el caso cuando Temer deje de ser presidente a inicios de 2019 y pierda sus fueros.
– Final agitado
En un final de mandato vertiginoso, Janot, de 60 años, acusó la semana pasada por asociación ilícita a los expresidentes de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), así como a la cúpula de su Partido de los Trabajadores (PT).
También al exmandatario conservador José Sarney (1985-90) y a los principales dirigentes del PMBD, la fuerza política de Temer. En medio de la polémica y las dudas generadas por el caso JBS, Janot enfrentará el miércoles el dictamen de la corte suprema sobre un pedido para apartarlo de ese caso, el más importante de sus cuatro años a la cabeza de la institución.
El abogado de Temer, Antonio Mariz, lo acusa de tener una “obsesiva conducta persecutoria” contra su defendido, cuya “motivación, todo indica, es personal”, según escribió en su pedido de impugnación. Janot fue una figura clave en el avance de la operación Lava Jato, que descubrió un gigantesco sistema de pago de sobornos de constructoras a políticos para obtener obras en la estatal Petrobras. Su gestión priorizó las investigaciones de crímenes cometidos por funcionarios protegidos por fueros y acorraló a Temer.
– El cuarto poder
El lunes, Janot será sustituido por Raquel Dodge, escogida por Temer en una lista de tres juristas presentada por el Ministerio Público Federal. Su ciclo finaliza no exento de polémicas.
Uno de sus colaboradores, el exfiscal Marcello Miller, dejó su cargo para asesorar a JBS y ahora está siendo investigado para determinar si comenzó su nuevo empleo antes de cerrar el anterior.
El propio Janot fue sorprendido el sábado pasado en un bar en Brasilia junto a una persona identificada como un asesor de Batista. De lentes oscuros, el fiscal aparece sentado al lado de una pila de cajas de cervezas, un día antes de que el empresario se entregara a la policía.
La imagen atizó la polémica y la procuraduría emitió una nota aclarando que el funcionario es habitual del local y que en el encuentro “no fue tratado ningún asunto de naturaleza profesional”.
“Para bien o para mal, los cuatro años de Janot sirvieron para que el Ministerio Público se transforme en un poder de la República.
Creció apalancado en la actuación de Janot, que buscó el apoyo de la opinión pública, pero no tuvo ningún control”, dijo Thiago Bottino, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas.
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