Santo Domingo
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de tres personas acusadas de formar parte de una red que se dedicaba a la trata de personas y al proxenetismo, tras rechazar una solicitud de prisión de preventiva presentado en su contra.
El magistrado José Alejandro Vargas ordenó la libertad de los dominicanos José Ramón Cabreja Rodríguez (Raymond) y Carmen Milagros García Ramos y el venezolano Andrés Yovanny Silva Pernia (El Chamo), al imponerle el pago de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
El tribunal, tras rechazar la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción, impuso el pago de una garantía económica a Cabreja Rodríguez, de quien se presume es el cabecilla de la red y el pago de una garantía económica de 300 mil pesos a García Ramos y el venezolano Silva Pernia.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas y la fiscalía del Distrito Nacional habían pedido al tribunal dictar medida de coerción en contra de los imputados.
Al grupo se le acusa de violar los artículos 334 y 334.1 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el proxenetismo y de violación a la Ley No. 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, quienes presuntamente se encargaba de contactar mujeres en la República Dominicana y en otras naciones, las que luego explotaban sexualmente, lucrándose económicamente producto de esa actividad.
Conforme con la medida de coerción el ministerio público en el marco de una investigación arrestaos a los imputados y clausuro dos bares del Distrito Nacional, donde fueron rescatadas diez mujeres, cinco de ellas de nacionalidad venezolana, una brasileña y cuatro dominicanas.
En el operativo donde participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), también se ocuparon dinero en efectivo producto de las transacciones por los servicios sexuales, y un libro récord que se usaba para el control de dichos servicios, así como facturas y otros documentos que según han determinado las investigaciones eran utilizados en esa práctica ilícita.
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