República Dominicana, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, convocó para este jueves una reunión del organismo para analizar la crisis de Haití, según anunció el canciller dominicano, Miguel Vargas.
La reunión, que se celebrará esta tarde, tiene como objetivo pedir a los actores haitianos que lleven a cabo un diálogo nacional para solucionar la crisis.
"Como miembros del Consejo de Seguridad, llamamos una reunión que se va a efectuar hoy, pidiendo un diálogo nacional en Haití y además, una mayor contribución, un mayor aporte de la comunicad internacional en esta crisis", dijo Vargas en declaraciones a periodistas en Santo Domingo.
Vargas dijo que "siempre es preocupante" cuando se produce cualquier situación de inestabilidad en Haití porque "puede repercutir" en República Dominicana, país con el que comparte la isla La Española.
Haití vive una grave crisis política y económica, que se agravó a mediados de agosto por el desabastecimiento de combustible, lo que ha desencadenado protestas violentas contra el presidente, Jovenel Moise, que mantienen el país paralizado desde el pasado 16 de septiembre.
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó este martes que los incidentes de seguridad y los cierres de carreteras han afectado a programas humanitarios de Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales.
El sector más golpeado, explicó, es probablemente el sanitario, con hospitales enfrentándose a problemas para operar.
"La falta de combustible, carencia de agua potable y otros productos esenciales también está afectando a orfanatos, unidades de protección civil y otros servicios de emergencias, que están funcionando con capacidad limitada", señaló Dujarric durante su conferencia de prensa diaria.
Además, la ONU destacó que muchas escuelas han permanecido cerradas durante las últimas dos semanas, dejando a unos dos millones de niños y jóvenes sin acceso a la educación.
Naciones Unidas avisó de que también puede haber consecuencias en el ámbito de la alimentación si la actual situación continúa, lo que podría poner en aprietos a miles de los aproximadamente 2,6 millones de habitantes que ya estaban en situación de inseguridad alimentaria.
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