Este año 2019 puso en evidencia debilidades y violaciones en el sistema de justicia que si bien eran conocidos por sus actores, no ocurría lo mismo con la sociedad en sentido general.
El prevenible asesinato de la abogada Anibel González Ureña, en San Pedro de Macorís, destapó una olla de presión que no solo salpicó al Ministerio Público, responsable de prevención y persecución en casos de violencia doméstica y de género, sino también al Poder Judicial en cuanto a su rol de supervisar y garantizar que se dé cumplimiento a lo establecido en los códigos Penal y Procesal Penal.
Anibel González y Juana Domínguez murieron luego de que la Fiscalía de San Pedro de Macorís llegara a acuerdos para la suspensión penal del procedimiento con las exparejas de ellas, tras haber intentado asesinarlas de diversas estocadas. La suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género, Margarita Hernández, fue enviada a prisión por presuntamente incurrir en actos de corrupción, en tanto que Pedro Núñez, fiscal titular de esa demarcación permanece suspendido de sus funciones.
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