La Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sugirió a los gobiernos de la región un “Bono Contra el Hambre” para familias en extrema pobrezacomo complemento al ingreso básico de emergencia ya establecido.
Este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010), explica el informe “Cómo evitar que la crisis del Covid-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”, publicado recientemente.
Estas instituciones realizan dichas recomendaciones ante la amenaza de que la crisis sanitaria, fruto del Covid-19, se convierta en una crisis alimentaria.
“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, manifestó la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena indicando que la región corre el riesgo de perder, en un par de meses, todo lo que se ha logrado en 15 años en materia de reducción del hambre.
Según plantean Cepal y FAO, este bono es solo una de las acciones que podrían asegurar que todos los hogares accedan a una alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes alimentos para garantizar el abasto a precios razonables. Las otras medidadel decálogo son:
Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción y el transporte de alimentos, y en los mercados mayoristas y minoristas.
Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores artesanales.
Establecer mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular, evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
