El Tribunal Regional Federal (TRF) de Porto Alegre decidió mantener, este martes (25), el bloqueo de bienes del ex presidente Lula da Silva, condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, en el caso del apartamento de tres pisos de la localidad costera de Guarujá, en el estado de São Paulo.
La medida, que ya determinó también el secuestro de casi R$ 10 millones (US$ 3,2 millones) en fondos de pensión y cuentas bancarias de Lula, además de apartamentos y vehículos del ex presidente, fue determinada por el juez Sergio Moro, responsable por la sentencia que condenó al petista.
La defensa de Lula había solicitado al TRF la anulación del bloqueo, al argumentar que el origen de los bienes bloqueados es lícito y que la medida perjudicaba la subsistencia de Lula y de su familia, "y hasta incluso las condiciones de costeo de los actos necesarios para el ejercicio de la garantía constitucional de defensa".
En una decisión emitida hacia el final de la tarde, el juez federal João Pedro Gebran Neto, relator de los procesos del caso Lava Jato en el TRF de Porto Alegre, rechazó la solicitud de la defensa de Lula porque entendió que no existía urgencia en el pedido de los abogados del ex presidente.
Para el juez, el argumento de que los bloqueos perjudicaban la subsistencia de la familia es una "alegación genérica".
El juez llegó a afirmar que, como ex presidente, Lula tiene derecho a una ayuda por haber ocupado ese cargo. La Constitución de 1988, no obstante, revocó la jubilación para ex presidentes.
Actualmente, los ex mandatarios tienen derecho a dos vehículos oficiales con chofer, cuyos costos corren por cuenta de la Presidencia de la República, además de cuatro personas de seguridad y dos asesores personales.
El recurso de la defensa todavía debe ser juzgado por los demás integrantes del tribunal.
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